El proyecto de ley propuesto para revocar la autonomía del Distrito de Columbia es un ataque directo a la democracia estadounidense y a los derechos de los estados.

WASHINGTON, DC — Dos legisladores republicanos presentaron ayer en la Cámara de Representantes y el Senado un proyecto de ley que lleva el nombre de la alcaldesa Muriel Bowser y que eliminaría todo el gobierno local de Washington, DC, incluyendo a la alcaldesa electa, el Consejo del Distrito de Columbia y el Fiscal General. El gobierno de Washington, DC, elegido por los 700.000 habitantes de la ciudad, dejaría de existir de inmediato, y toda la administración del Distrito pasaría presumiblemente a miembros del Congreso que no comprenden los valores ni los problemas de Washington, DC.

Este proyecto de ley socava los principios de autogobierno y control local que los conservadores han defendido durante mucho tiempo. Los residentes de Washington D.C., en su mayoría personas de color, han sido frecuentemente víctimas de la anulación de políticas locales por parte del Congreso, y este último abuso de poder federal agrava aún más esta injusticia histórica. Durante décadas, el Congreso ha impedido que Washington D.C. tome sus propias decisiones en todo, desde el control de su presupuesto hasta la imposición de un límite de altura para los edificios. Ninguna otra jurisdicción del país enfrenta un ataque similar a su derecho a la autogobernanza.

“Confío en que derrotaremos este proyecto de ley antidemocrático”, declaró el senador estadounidense Ankit Jain (DD.C.). “Con tantos asuntos nacionales urgentes que abordar, me pregunto si los miembros del Congreso están dispuestos a asumir la responsabilidad de gobernar una ciudad del tamaño e importancia de Washington, D.C. Insto a los ciudadanos de D.C. a unirse a nosotros en esta lucha y demostrar al Congreso nuestra firme oposición a este abuso de poder autoritario”.

“Este proyecto de ley no ofrece ninguna orientación sobre cómo se gestionarían los asuntos locales de Washington D.C. en ausencia de un Consejo y un Alcalde elegidos democráticamente, lo que sugiere que su intención era atacar a los residentes de la ciudad en lugar de ser un plan bien pensado para mejorarla”, declaró Vanessa Batters-Thompson, Directora Ejecutiva del Centro Appleseed de Derecho y Justicia de Washington D.C. “Si bien se presentó bajo el pretexto de una mejor gestión, este proyecto de ley ignora por completo una realidad histórica: la Ley de Autonomía Local se promulgó en 1971, en parte, para liberar al Congreso de la carga de legislar sobre asuntos locales”.

“Los miembros del Congreso fueron elegidos por sus electores para representarlos en asuntos de importancia nacional. No fueron elegidos para malgastar su tiempo ni el dinero de los contribuyentes dictando los asuntos cotidianos de los residentes del Distrito, quienes tienen su propio gobierno local”, declaró Monica Hopkins, Directora Ejecutiva de la ACLU del Distrito de Columbia. “Es sumamente ineficiente que el Congreso dedique su tiempo a decidir si se puede girar a la derecha con el semáforo en rojo en Washington D.C. o cómo se recoge la basura en nuestros barrios. La microgestión de Washington D.C. no es algo para lo que los votantes eligieron a los miembros del Congreso”.

“La introducción de la Ley BOWSER es un intento descarado de arrebatar los derechos que tanto les ha costado conseguir a casi 700.000 residentes de Washington D.C. Esta extralimitación federal amenaza nuestra autonomía y desprecia el principio de autogobierno”, declaró Kelsye Adams, directora ejecutiva de Long Live GoGo y directora de organización de DC Vote. “Exigimos que el Congreso no se inmiscuya en Washington D.C. y nos permita gestionar nuestros propios asuntos. Es hora de liberar a Washington D.C. de esta injerencia antidemocrática”.

“El representante Ogles podría estar usando su tiempo ahora mismo para perseguir al multimillonario que ha comprometido la seguridad nacional en varias agencias federales esta semana”, dijo Keya Chatterjee, directora ejecutiva de Free DC. “Es incompetente y racista que este hombre presuma que conoce Washington D.C. mejor que la gente que vive aquí, que cría a sus familias aquí o que es debidamente elegida por los votantes de aquí”.

Para colmo de injusticias, Washington D.C. alberga a decenas de miles de veteranos y militares en servicio activo. Estas personas arriesgaron sus vidas en defensa de las libertades estadounidenses, pero se les arrebataría su derecho al voto si se aprobara este proyecto de ley. Han luchado por defender los mismos principios democráticos que los promotores de este proyecto de ley pretenden negarles en su propio país.

Los contribuyentes de Washington D.C. aportan más per cápita al gobierno federal que cualquier estado; sin embargo, este proyecto de ley pretende arrebatarles no solo el derecho a decidir cómo se utilizan sus impuestos federales, sino también cualquier control sobre sus impuestos locales. La lucha por el pleno derecho al voto y la autonomía en la capital del país no es solo un asunto de Washington D.C., sino una prueba del compromiso de Estados Unidos con la democracia misma.